La importación de mercaderías no se liberará totalmente o sea que se tendrá en cuenta la protección de la industria nacional.

El 80% del monto total de mercaderías importadas corresponde a productos que pueden ingresarse libremente, mientras que el 20% restante, unas seiscientas posiciones, están sujetas a las licencias no automáticas, cuya aplicación intentará hacerse en consonancia con las exigencias de la OMC.

Muchos pensaban  que el nuevo gobierno podria  abrir totalmente la importación  de mercaderías

indiscriminadamente con el consecuente riesgo para la producción nacional, hace días se dieron cuenta de su equivovacion. La administración de Mauricio Macri no sólo mantuvo el amparo a los sectores identificados como sensibles, sino que incluyó nuevas posiciones protegidas.

Empezó la gestión y la hora de erradicar prejuicios o abandonar preconceptos. Para bien o para mal según la óptica o interés de quien lo juzgue.

Después de que la Argentina perdiera un panel en la Organización Mundial de Comercio, las DJAI ganaron su sentencia de muerte a ejecutar el último día de 2015, pero de inmediato hubo un guiño a la industria y comercio locales para sustituir una forma de protección contra la competencia externa por otra más amigable para ese organismo. Ese camino iniciado por la gestión anterior fue completado por la actual.

Ese órgano internacional no había cuestionado a las DJAI en sí sino a la arbitrariedad en el modo de aplicarlas, en particular a las condicionalidades que facilitaban o no el permiso oficial. Que el importador tuviese la obligación de exportar un monto equivalente es ejemplo de regla interna que violentaba pautas de la organización.

Las LNA deben resolverse en un plazo máximo de sesenta días y el criterio rector sería bloquear a los bienes que ingresen como competencia desleal o amparar a la industria local realmente vulnerable y que genera empleo genuino. Pero como una valla particular y por un tiempo determinado, según prometen en el Gobierno.

Más allá de estos postulados teóricos, la realidad es que la cartera de Cabrera tenía pocos días hábiles antes del 31 de diciembre para sustituir una forma de amparo por la otra, así que, tal como confesó una fuente oficial a este diario, tomó como base el mismo modelo que regía en el país hasta 2012 y le agregó algunas posiciones adicionales.

Textiles, calzados, juguetes, madera y siderurgia, entre otros, previeron descorchar el mejor champagne posible para empezar el 2016 al confirmar que no iban a tener que competir con los temidos productos chinos, entre otros orígenes donde la producción es mucho más competitiva que la argentina, con el único compromiso verbal de cuidar las remarcaciones y, obviamente, sostener el grilla de personal.

Para diseñar el nuevo esquema protector, el Ministerio de la Producción trató de conciliar el diagnóstico sobre lo que ocurre en el mundo con los intereses de las fábricas locales.

Ni el comercio exterior, ni Brasil ni el consumo interno crecen como antes de las DJAI y abrir las fronteras de par en par podría resultar realmente dañino. Y los lobbistas locales trabajan con esmero: la metalúrgica convenció a Comercio de que hay que ser estricto con las normas técnicas que deben cumplir las importaciones, en particular cuando son de productos destinados a la actividad petrolera.

Para los importadores que no habían conseguido dólares para formalizar su operación antes de que se levante el cepo, el equipo diseñó dos herramientas. La tabla con autorizaciones mensuales crecientes de giros al exterior hasta junio, cuando serían libres. Y la emisión de un bono por u$s5.000 millones, a corto plazo, con una gracia inicial de unos meses y 6% anual en dólares de interés, contemplando una compensación porque el tipo de cambio actual es más alto que el que regía en el momento que esos importadores deberían haber comprado la divisa para cancelar sus compras.
Es un esfuerzo del equipo de Braun, quien está escoltado por Javier Tizado (hijo) en Comercio Interior, y Leila Nazer en Exterior, ex secretaria de Industria del gobierno anterior y colaboradora del ex ministro de Economía Miguel Peirano, y el nuevo jefe de asesores, Diego Santiesteban, hasta hace días titular de la Cámara de Importadores.
Funcionarios de otras áreas también aportan ideas acerca de cómo manejar el comercio exterior en esta singular etapa.

El ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, opinó que la carne se encareció demasiado y sugirió que se podría abrir la importación para promover una baja. También Mauricio Macri aludió en algún momento a la posibilidad de utilizar la importación como instrumento para disciplinar los precios internos.

Sin embargo, por ahora no hay ningún indicio firme de que eso vaya a ocurrir.

Porque el Gobierno apuesta a consensuar un tope en los precios con cada sector antes de apelar a un recurso coercitivo.

Ni siquiera lo que anhela el titular de la cartera agraria puede hacerse de la noche a la mañana. Los mecanismos para ingresar carne al país están poco aceitados y no será tan sencillo automatizarlos. Los frigoríficos proveedores deberían estar habilitados localmente después de probar que cumplen con una serie de normas, procedimientos que alejan la posibilidad de una medida automática para abrir las fronteras al asado foráneo.

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marcelo

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